Accesibilidad 360º: el estándar de excelencia

Por el principio: una auditoría de situación. Evaluamos tu entorno físico, tu presencia digital, tus documentos y tu comunicación, y te entregamos un informe claro con lo que cumples, lo que no, y por dónde conviene empezar según tu presupuesto y tus plazos legales. No necesitas saber nada de accesibilidad antes de llamarnos. Para eso estamos nosotros.

Probablemente sí, y en más ámbitos de los que crees. La Ley 11/2023 obliga a los servicios digitales del sector privado —banca, comercio electrónico, transporte, comunicaciones— a cumplir los estándares de accesibilidad desde junio de 2025. El Real Decreto 1112/2018 ya exige accesibilidad plena en webs y apps del sector público. Y el Código Técnico de la Edificación (CTE) regula los entornos físicos desde hace años. Las sanciones por incumplimiento son reales y están aumentando. Te ayudamos a saber exactamente qué te aplica.

Una web accesible es aquella que cualquier persona puede usar con independencia de su capacidad visual, auditiva, motora o cognitiva, y con independencia del dispositivo o tecnología de apoyo que emplee. Eso incluye a personas ciegas que navegan con lector de pantalla, personas sordas que necesitan subtítulos en los vídeos, personas con movilidad reducida que navegan solo con teclado, personas con dislexia que necesitan tipografías y estructuras claras, o personas mayores con visión reducida que amplían el texto. Una web accesible no es una versión simplificada ni una web paralela: es la misma web, bien construida desde el principio.

Las WCAG —Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web— son el estándar internacional desarrollado por el W3C que define los criterios técnicos de accesibilidad web. Se organizan en tres niveles: A, AA y AAA. El nivel AA es el exigido por la normativa española y europea —RD 1112/2018 para el sector público y Ley 11/2023 para determinados servicios privados— y es el que utilizamos como referencia de cumplimiento. La versión vigente es WCAG 2.2. A nivel europeo, la norma de referencia es la EN 301 549, que incorpora las WCAG e incorpora requisitos específicos para software y documentos.

Son tres de los elementos más problemáticos y más frecuentemente descuidados. Los vídeos deben tener subtítulos sincronizados y audiodescripción cuando el contenido visual es relevante. Los formularios deben tener etiquetas correctamente asociadas, mensajes de error claros y ser navegables completamente con teclado. Los documentos PDF son especialmente críticos: un PDF no etiquetado es completamente ilegible para un lector de pantalla, aunque visualmente parezca perfecto. Los auditamos y los corregimos.

Es el escenario más habitual y tiene solución. Tras la auditoría te entregamos un informe técnico con los errores identificados, las referencias exactas de los criterios WCAG incumplidos y las recomendaciones de corrección con el nivel de detalle suficiente para que cualquier equipo de desarrollo pueda implementarlas. Si necesitas intermediación técnica con tu agencia, podemos actuar como supervisores del proceso: revisamos los cambios, validamos que resuelven el problema y verificamos que no introducen nuevas barreras.

Es un documento público que describe el nivel de cumplimiento alcanzado, los contenidos no accesibles, el mecanismo de contacto para que los usuarios puedan reportar problemas y el enlace al procedimiento de reclamación. Para el sector público es obligatoria desde 2020 según el RD 1112/2018. Para el sector privado afectado por la Ley 11/2023 también es un requisito. La redactamos y la mantenemos actualizada como parte de nuestro servicio de acompañamiento continuado.

Sí, con los mismos estándares y plazos que los sitios web. La norma técnica de referencia es la EN 301 549, que incluye criterios específicos para aplicaciones nativas en iOS y Android. Los problemas más frecuentes son: ausencia de etiquetas accesibles en botones e iconos, gesturas complejas sin alternativa, contenido que no se adapta al tamaño de texto del sistema y flujos de compra o registro que se rompen con navegación por teclado externo.

Una auditoría no es un trámite puntual: es el punto de partida de un proceso continuo. Una web cambia constantemente y cada cambio puede introducir nuevas barreras. Recomendamos una auditoría completa inicial, revisiones parciales cada vez que se realizan cambios significativos, y una auditoría de mantenimiento anual. Para organizaciones con webs de actualización frecuente, el servicio de retención mensual incluye revisiones periódicas y alertas de regresión.

En el sector público, el RD 1112/2018 establece un procedimiento específico que obliga a responder y corregir. El incumplimiento puede derivar en actuaciones del Defensor del Pueblo. En el sector privado afectado por la Ley 11/2023, las sanciones pueden ser significativas. Además, una reclamación pública tiene un impacto reputacional inmediato y difícilmente reversible. La mejor respuesta es no tener barreras que reclamar. La segunda mejor es tener documentado que has actuado con diligencia para eliminarlas.

Depende del punto de partida y del alcance. Una auditoría completa de un sitio web de tamaño medio tarda entre dos y cuatro semanas. El plan de corrección posterior depende de los recursos técnicos de tu equipo. Lo que sí podemos garantizar es una hoja de ruta priorizada: primero lo que más impacto tiene, luego el resto.

La diferencia es estructural. Un overlay es un parche superficial que no elimina barreras. Una auditoría actúa sobre el código real y la experiencia de uso.

En toda España. Operamos a nivel nacional tanto en remoto como presencial.

Sí. Adaptamos PDF, Word, presentaciones y formularios a formatos accesibles.

Es una metodología para hacer comprensibles los textos a personas con dificultades lectoras. Es clave en administraciones, sanidad y educación.

Sí, aplicando las normas UNE-ISO 24495 para garantizar claridad y comprensión sin perder rigor jurídico.

Sí, elaboramos informes detallados sobre obligaciones legales aplicables e informes técnicos de cumplimiento válidos para auditorías y licitaciones.

Sí, adaptada a distintos perfiles profesionales: equipos de diseño, desarrollo, comunicación y dirección.

Evaluamos toda la cadena de accesibilidad desde el acceso hasta la salida del edificio: aparcamiento, accesos, circulación horizontal y vertical, aseos, señalética, iluminación, mobiliario y sistemas de comunicación de emergencia.

El Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SUA), la normativa autonómica aplicable en cada comunidad y las ordenanzas locales de accesibilidad. En función del uso del edificio, pueden aplicarse también normativas sectoriales específicas.

Sí. Existen soluciones adaptadas incluso en edificios con limitaciones estructurales o de protección patrimonial. El ajuste razonable es un principio jurídico que obliga a adoptar las mejoras posibles dentro de lo técnica y económicamente viable.

Sí, es un elemento clave para la orientación y comprensión del espacio, especialmente para personas con discapacidad visual, cognitiva o dificultades de orientación.

Sí, desde el diagnóstico inicial hasta la validación final, pasando por la revisión del proyecto y el seguimiento de la ejecución.

Sí. Existen deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades por gastos en adaptación de instalaciones a personas con discapacidad, y diversas líneas de subvención públicas a nivel estatal y autonómico. Te asesoramos sobre las que pueden aplicarse a tu caso.